Legalización de tierras en el Quindío, un reto en el posconflicto
Expectantes. Con sus rostros adustos y la esperanza vuelta añicos, llegaron cientos de hombres y mujeres campesinos al Centro de Convenciones Metropolitano en Armenia a cumplir la cita con el procurador General de la Nación Fernando Carrillo Flórez y otros altos funcionarios de Bogotá, de las Agencias Nacional de Tierras y de Desarrollo Rural.
Era viernes en la tarde. No importaba. Para los campesinos la fiesta está en sembrar la tierra, y luego cosecharla. No en los sitios de diversión que abundan en las ciudades. Llegaron de pueblos y veredas del Quindío a escuchar con atención y respeto a los funcionarios. Aún creen en el Estado, a pesar de todo. A pesar de que fueron expulsados por grupos armados de sus tierras y arribaron a la región cafetera como desplazados, algunos, hace más de una década, sin que a la fecha hayan podido resolver sus vidas.
Esperan soluciones, convencidos de que por fin empieza a verse “el nuevo país” del que habló el procurador Carrillo en su presentación. Ese país que asegura Carrillo Flórez “se rige por el espíritu de la Constitución de 1991”, que propicia el diálogo social, como ha sostenido esta vez –la segunda en su mandato como Procurador General. La primera audiencia de tierras fue en noviembre de 2017-, y que asegura, da “voz, participación y derechos a la ciudadanía”.
En declaraciones a medios nacionales y regionales, el Procurador general de la nación sostuvo que “hicimos una audiencia que fue muy fructífera, muy útil. La Procuraduría ha hecho un trabajo muy exacto de sistematizar toda la problemática de casos gravísimos de despojos y desalojos de tierras en el Quindío”.
Y es que como lo expuso el Procurador, hay familias “que se quedaron sin tierra, se dividieron las familias, sin esperanza, quedaron en un mundo completamente incierto. La antítesis de lo que debe pasar en un proceso de posconflicto como el que estamos viviendo en Colombia”.
Compromisos estatales en audiencia de tierras
Frente a este panorama hubo anuncios por parte de la Agencia de Desarrollo Rural, ADR. Como por ejemplo “la inversión de 35 mil millones de pesos para proyectos integrales agropecuarios en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda”, dijo Juan Pablo Díaz Granados, presidente de la ADR. Estos recursos “serán distribuidos en acceso a aguas, asistencia técnica, comercialización y proyectos productivos”, añadió.
También quedaron compromisos para diseñar una ruta diferencial de acceso a la tierra para comunidades afros e indígenas y encontrar la manera de ofrecer seguridad jurídica sobre los predios que son entregados a las familias campesinas, como un requisito indispensable para acceder a proyectos productivos.
Por su parte, Javier Andrés Flórez, director de Acceso a tierras de la Agencia Nacional de Tierras, propuso diseñar herramientas que permitan agilizar la dotación de tierras en el Quindío, según lo dispuesto en el Acuerdo de Paz. “Hay dos rutas: una individual, para cada uno de los campesinos, y otra colectiva, regida por la Ley 902 –nueva Ley de Tierras-“. Con este mecanismo, dijo, es posible “hacer adjudicaciones a asociaciones campesinas”.
Frente a estas propuestas presentadas por los directivos de las Agencias Nacional de Tierras y de Desarrollo Rural, el procurador Carrillo enfatizó en que es necesario “incluir un cronograma de cumplimiento a las alternativas de solución a los problemas planteados”. Y agregó: “Como Procuraduría seremos garantes de los compromisos logrados hoy”.
En este diálogo social con el campesinado quindiano también participó el gobernador, padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, quien exhortó a los asistentes a seguir en la búsqueda de hacer efectivos los derechos por la vía del diálogo.
El recinto poco a poco se fue quedando vacío. Las familias campesinas debían volver a sus tierras, que así las consideran aunque aún no tengan los títulos que los acreditan como propietarios.
