Del Campo a la calle
La bonanza cafetera de la pasada centuria posibilitó la migración de personas de todo el país hacia estas tierras. Todo este capital humano fue el encargado de mover la economía nacional durante gran parte del siglo, tanto así, que entre los años 1910 y 1960 el café llegó a representar hasta el 80% del total de las exportaciones que se realizaban en el país. De todo este auge, los departamentos cafeteros lograron un amplio desarrollo en infraestructura y garantías estatales de las que carecen otras regiones. No obstante, dicho logro no fue posible sin el trabajo de cientos de miles de jornaleros del café, que grano a grano, aportaron a la construcción de nación.
Hoy muchos de esos jornaleros, con su rostro cansado por los años, se encuentran a la deriva en las calles del departamento; sin gloria por sus años de trabajo, enfermos y desamparados. Esta situación pone al descubierto el sistema de explotación agrario del país, donde los campesinos pierden el valor de sujetos y se transforman en simple fuerza de trabajo del sistema. Esta cosificación se evidencia en la falta de garantías sociales, en el acceso a la salud del trabajador y aún más, en la imposibilidad de acceder a pensiones dignas.
Solo ellos sabrán la causa real de su condición de habitar la calle. Pero sea cual sea la razón por la que hoy sobreviven bajo estas lógicas particulares, más que juzgarlos, es nuestro deber como miembros de una sociedad y más aún como beneficiarios directos de ese desarrollo que ellos generaron con sus propio sudor y trabajo, dignificar la vida de aquellos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y que hoy padecen ese abandono en los andenes de los pueblos y ciudades del departamento. No se trata de ocultar su presencia afirmando que gran parte de los que viven en la calle no son del municipio, pues, por un lado, niega a los migrantes campesinos que por años trabajaron la tierra y que por su edad avanzada ya no pueden hacerlo, y por el otro, exime el deber del Estado y de la sociedad de atender situaciones que vulneren la dignidad y la vida.
En tal sentido, la mejor forma de asumir nuestra responsabilidad como sociedad, es generando verdaderas oportunidades de vida, para lo cual se debe aterrizar esta realidad social, cultural, política, histórica y económica, en una política pública digna, que reconozca la variedad de personas que habitan la calle y que priorice a las personas en mayor estado de vulnerabilidad. Hasta ahora, lo único que han visto los adultos mayores habitantes de calle, ha sido el desprecio por parte del Estado mediante acciones que mantienen su marginalidad, como expulsarlos de los espacios públicos sin razón aparente.
De lo anterior se desprenden dos verdades: la explotación laboral que aún viven los trabajadores del campo y el casi nulo reconocimiento de sus derechos laborales por parte del gobierno y los patrones sumado al alto índice de desigualdad en la propiedad de la tierra que nos coloca en el quinto lugar a nivel continental, con un índice Gini de 0.85 en este aspecto. Tal concentración de la tierra además de ser el principal obstáculo de la sociedad colombiana para alcanzar un desarrollo verdadero, autónomo y sustentable, ha sido el combustible de las violencias que ha padecido el país por más de 50 años. Razones de sobra tienen los movimientos campesinos en levantar la consigna de: ¡La tierra para quien la trabaja!
Segundo, la incapacidad y la dificultad para entender y reconocer las diferencias en los modos de vida de los otros. Vivimos buscando que el otro sea como yo, pero es evidente que la mayor riqueza del mundo es la diversidad. En este sentido, la violencia no puede justificar nuestra incomprensión de los fenómenos sociales del país, es hora de poner frente a estas situaciones y tomar determinaciones que dignifiquen la vida.
